por Javier García Moritán, Director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), para "Miradas de la educación".
Desde hace años, como vehículo de su inversión social privada, las empresas contribuyen al desarrollo de la educación en diferentes niveles e inyectan recursos económicos y en especies para la mejora de capacidades de enseñanza y aprendizaje. Los campos son múltiples: la formación docente, la educación rural, el acceso a la educación de poblaciones vulnerables y el sostenimiento de la escolaridad, el apoyo a través de becas y tutorías, la inversión en educación científica o STEAM, la formación para la empleabilidad, para la innovación. Y la contribución en cada uno de estos ámbitos tienen la pretensión de incidir en políticas públicas.
Por nuestra parte, desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) creemos que “o se contribuye al bien público o no hay contribución alguna”. En estos tiempos no alcanza con que cada uno “ejecute su papel”, incluso si lo hiciera a la perfección.
Ya no alcanza con que las empresas generen riqueza y dinamicen la economía, que el Estado vele por el cuidado de lo público, garantice derechos y establezca regulaciones, o bien que las organizaciones de la sociedad civil sostengan las causas que ni el Estado ni el mercado resuelven. Se trata de una nueva manera de entender nuestro rol en sociedad en donde TODOS estamos llamados a contribuir al bien común.
Como dice Irina Bokova, quien fuera directora general de la UNESCO, “vivimos tiempos turbulentos. Las sociedades están más conectadas que nunca, pero persisten la intolerancia y los conflictos. Han aparecido nuevos centros de poder, pero las desigualdades se han agravado y el planeta está bajo presión”.
¿Esto es tarea de la educación? Todo este diagnóstico de las conquistas y los desafíos de un mundo en cambio acelerado, hace que la educación necesite cambiar también. En este sentido, nos compete afirmar que los derechos humanos y la dignidad de las personas, son temas de educación y que la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad también lo son. Necesitamos construir un futuro mejor para todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia social y que según Bokova se incluya el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, “como aspiraciones que constituyen aspectos fundamentales de nuestra humanidad común”.
En otras palabras, desde hace ya mucho que entendemos que lo problemas del ámbito público son problemas también del sector privado. “Yo soy yo y mis circunstancias” podemos decir con José Ortega y Gasset, “no hay empresas exitosas en sociedades que fracasan”, con Stephan Schmidheiny, o que “toda vocación genuina debe traducirse en un bien tangible para otros”, como nos gusta decir a nosotros, entendiendo que en última instancia toda vocación es vocación de servicio.
Si bien hace años que muchas fundaciones y empresas invierten en educación, todos sentimos a flor de piel la frustración, la idea de que todos los esfuerzos que hacemos se quedan cortos ante la envergadura de los desafíos que se nos presentan. Y porque sabemos que por más recursos que pongamos en juego, de no lograr estrategias coordinadas y multiactorales, prevalecerá la idea de que se trata de proyectos pequeños cuyos efectos que se diluyen rápidamente.
¿Qué necesitamos? nivelar lenguaje. Que la inversión social privada hable el mismo idioma que las autoridades, los docentes y los gremios. Y frente a la polarización de diagnósticos y enfoques fragmentados, tener un diagnóstico común. Converger.
Y además de nivelar el lenguaje, tenemos que posicionarnos. Es común que desde el sector privado digamos “qué necesitamos” de la educación. También tenemos que decir “qué podemos dar” colectivamente. Y en eso seguimos trabajando.
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